Hace muchos días que no escribo. En estos días atravieso ese típico estado de esta época del año de estar sobrepasada de trabajos y exámenes para evaluar a mis estudiantes y «cerrar el cuatrimestre». Claro que este año se juntó con un hermoso proyecto que encaramos con dos colegas del Profesorado de la Escuela Normal en la que me desempeño desde hace 21 años, de postularnos como equipo para las futuras elecciones del Rectorado. Para quienes no conocen la estructura de las Escuelas Normales de CABA, son las escuelas más complejas. Cuentan con los cuatro niveles del sistema educativo: inicial, primario, secundaria y superior/terciario, que se desarrollan en el caso de nuestra escuela inclusive cubriendo tres turnos: mañana, tarde y noche, este último solo para los profesorados terciarios. Por lo tanto tiene una comunidad de lo más diversa desde las edades, la conformación social, los intereses, etc.

Como se imaginarán, esta postulación representa un gran desafío por el que hemos trabajado intensamente con mis colegas con el objeto de desarrollar un proyecto que reflejara las necesidades actuales de nuestra la escuela y con el ánimo de unir fuerzas para cambiar y mejorar. Por sobre todas las cosas, nos propusimos que los alumnos sintieran ganas de ir a estudiar a la escuela y los docentes ganas de trabajar en ella en la convicción de que si queremos mejorar la escuela pública hay que comprometerse a trabajar con proyectos innovadores y diferentes.

Pero bueno, un inesperado giro hizo que se empezaran a poner piedras en nuestro camino. Los profesores para postularnos a esos cargos requerimos ser «titulares», situación que se obtiene por la ejecución en este caso de una Ley de Titularización de Profesores Terciarios que la Legislatura de CABA sancionara en mayo pasado. Uno de los integrantes de nuestra lista, está en condiciones de titularizar (las otras dos ya somos titulares) pero el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires aún no ha ejecutado el acto administrativo que lo confirma como tal. Como trabajadores los docentes tenemos derechos adquiridos a través a de la sanción de una Ley ya que si el organismo que está a cargo de su implementación no ejecuta, no puede perjudicarnos en nuestro legítimo derecho a ascenso en la carrera docente. Sin embargo a pesar de haber explicitado esta situación con antelación a la presentación de listas, el Ministerio  de Educación de CABA le niega a nuestro colega el derecho a postularse. Luego de un prolongado intercambio de twitts en donde inclusive una legisladora apoya nuestra posición de que se permita la presentación del profesor a titularizar, se abre un capítulo diferente respecto de cómo se resuelven las cuestiones en las instituciones educativas y su relación con la gestión «central» de la que dependen. Pero pasemos al plano de «adentro» de las escuelas.

Es sabido que en ellas hay prácticamente una «obsesión» por dejar actas de todo lo que sucede. Estas prácticas conforman parte de una actitud defensiva ante la hipótesis de alguien podría «atacar». Pero claro: al mismo tiempo representan una forma extremadamente burocrática que no hace otra cosa que coartar la posibilidad de diálogo y normal comunicación entre los miembros de una institución. Por ejemplo, cuando se llega al extremo de enviar un telegrama al domicilio de un profesor para comunicar algo que podría decirse en persona o por una nota institucional, empiezan a aparecer estas imágenes propias de la burocratización como forma cotidiana de ejercicio de la gestión y del poder. Son las formas y las reglamentaciones por encima de las personas, el diálogo y los acuerdos, entendiendo claramente esta cuestión como una posición política de ejercicio de la autoridad. Cuando lo que se puede decir cara a cara se dice mediante papeles sellados, se están diciendo muchas cosas más allá del contenido que se expresa. Decía Verónica Edwards «en la escuela la forma es contenido».

La aplicación de los reglamentos y normas es uno de los argumentos más esgrimidos para evitar tomar decisiones diferentes y ampararse en lo preexistente, o incluso para regular las acciones habituales de los miembros de una comunidad educativa. Por supuesto que la sociedad está regulada por normas, pero tan cierto como esto es que ellas no prescriben la totalidad de las situaciones que pueden presentarse y que por eso están sujetas a interpretaciones.

Hasta aquí se trata de un tema que puede traer debate. Pero en paralelo no es posible pensar una institución sin comunicación y sin diálogo. Es frecuente escuchar que quien maneja la información es el que detenta el poder en las instituciones. Por eso cuando la información se transmite y explicita de manera transparente se previenen confusiones y por el contrario cuando se oculta y/o manipula genera conflictos. Esto es un principio elemental de las organizaciones. Ahora bien: ¿qué pasa con las voces de aquellos miembros de una comunidad educativa que no detentan la autoridad formal ni el poder? ¿Están condenadas a ser silenciadas?

El temor a expresar los pensamientos por miedo a ser sancionados en las instituciones educativas resulta moneda corriente. Tal es así que mis estudiantes de profesorado suelen preguntarme si es posible tener libertad de acción en las decisiones que un docente toma dentro de la escuela, si no está condicionado a ejecutar «lo que le dicen». Ante esta situación siempre he respondido que el docente tiene libertad mientras tenga fundamentos de su práctica, y que en los 27 años que llevo de ejercicio de la profesión permanentemente he podido expresar mis puntos de vista. Pero claro… no todo es un jardín de rosas…

Hay quienes son capaces de escuchar otras voces diferentes, incluso desde el disenso, pero con plena conciencia de que la diferencia suma. Y hay quienes no. Con estos últimos todo se trata de imponer un punto de vista único amparados en reglamentaciones y normas muchas veces interpretadas a su antojo. Cuando se agota el proceso de atemorizar con «la ley», el paso siguiente es callar las otras voces por diferentes medios.

Afortunadamente las instituciones tienen una dinámica que les permite ir transitando momentos y caminos. Los grupos y las personas que la conforman logran expresarse más allá de las limitaciones que se les impongan porque no es posible dejar de hacerlo. Las redes sociales son una gran prueba de ello.

Eso sí: para dialogar hacen falta al menos dos, uno que escuche y uno que diga. Pero si el que escucha en realidad no va a hacerlo porque pretende continuar sin moverse de su posición, el acercamiento no es posible. Las instituciones requieren de un diálogo permanente y abierto, garantizado por el sostenimiento de espacios específicos que lo alienten y permitan. A veces molesta escuchar lo que el otro tiene para decir, pero es necesario escucharlo. Y nada más lejos de la escucha y el diálogo que la burocracia que desalienta a las personas a expresarse porque solo se esgrimen argumentos normativos.

Las sanciones sin fundamento que se aplican sin mediar comunicación con las personas son solo una muestra de ejercicio autoritario del poder. Y las comunicaciones que se hacen sin considerar a las personas sino solo a la burocracia impiden una construcción de sentidos colectivos y, por sobre todo, la posibilidad de construir acuerdos. Muchas veces quienes tienen cargos ejercen el poder usando esto a su favor para seguir sosteniendo sus lugares. Pero en cualquier caso las voces siempre logran expresarse por alguna «rendija».

No basta con slogans, hay que dialogar de verdad dejando de ampararse en papeles que se escriben muy lejos de lo que pasa todos los días en una escuela. Las soluciones solo se encuentran cuando no se teme al intercambio de puntos de vista y hay voluntad de acuerdo. Y esto siempre es factible cuando hay decisión de que ocurra.