A fines del 2013 el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha un sistema de inscripción on line para todos los niveles del sistema educativo, similar al que ya estaba vigente para las secundarias y que fue y es fuertemente objetado por padres y gremios docentes. Uno de los argumentos más fuertes para su instalación fue la «transparencia» del proceso de inscripción, sumado a supuestos parámetros de «eficiencia».

En el primer día de implementación, el sistema on line tuvo sus colapsos y el de soporte telefónico se volvió imposible de acceder, lo que puso de manifiesto que lo que se considera eficiente desde un escritorio no siempre lo es desde la realidad. Al día de hoy la situación se ha complicado tanto que 17000 chicos aún no tienen otorgada su vacante y el sistema solo crea mayor zozobra a pocos días del inicio de clases.

La situación es realmente insólita dentro de la historia del sistema educativo de la Ciudad y pone en juego los sentimientos de chicos y padres de manera cruel e irresponsable como si no fuera importante para ellos a estar altura saber a qué escuela van a concurrir y si la opción que les ofrecen guarda relación tiene con sus necesidades y demandas reales.

Más allá de la pésima decisión que ha tomado la gestión de Educación de CABA, es necesario revisar algunos criterios históricos y burocráticos que no hacen más que profundizar lo peor de la tecnocracia en este caso, en términos de asignación de vacantes.

El criterio que quiero poner en cuestión (y que siempre lo hice como madre y como docente) es del la cercanía dentro de un radio de 10 cuadras de la escuela. Si bien soy de las primeras en opinar que es importante que un chico concurra a la escuela en su barrio en términos de la construcción de la vida social en lo cotidiano, existen múltiples motivos por los cuales una familia podrá optar por otra escuela que no está dentro de ese radio. El espectro es amplio y va desde la organización familiar hasta las decisiones que atañen a cada chico en particular, incluso dentro de una misma familia que necesita una organización cotidiana estable para poder sostener el trabajo, la escolaridad, el seguimiento de los chicos, etc.

Pero además existen aquellas variables vinculadas con las redes sociales, la oferta y la calidad, criterios que no están necesariamente asociados a la localización geográfica o la proximidad.

En cuanto a las redes sociales, hoy se conforman de maneras muy diversas ya sea por los cambios en los tipos de conformación familiar como por el desarrollo de los vínculos por medios diferentes a los tradicionales. Puede haber familias amigas que establecen sistemas de cuidados compartidos de los chicos, «pooles» para buscarlos entre padres que se organizan uno cada día, etc.

Respecto de la calidad y el tipo de oferta, cada familia debería tener el derecho de decidir qué quiere para sus hijos. Y en este punto la mayor desigualdad se produce cuando esta elección sí puede ejercerse sobre las opciones de escuelas privadas pero es vedada para las opciones de escuela pública. Me parece que una distribución equitativa implica respetar el derecho a elegir. Y por supuesto si esto implica que alguna escuela tenga exceso de demanda por sobre otra habrá que buscar los mecanismos adecuados como se hace ahora por ejemplo en aquellas que se sortean las vacantes pero además será necesario ver qué tienen esas escuelas que otras puedan ofrecer, para lograr distribuir la matrícula de manera más pareja. Porque alrededor de esta «prohibición» termina generándose un sistema de algún modo «corrupto» en donde los padres arbitran todos los medios para lograr la vacante que se les negaría por ubicación de su hogar.

La igualdad de derechos no se define por criterios arbitrarios de localización. El sistema no es igualitario si fuerza a los padres a buscar escuelas privadas para responder a sus necesidades. Un sistema justo implicaría tener oferta estatal para satisfacer los diferentes tipos de demanda. Y con esto me refiero también por ejemplo a las escuelas orientadas o especializadas en un campo: idiomas, artes, deportes, etc. Si bien este tipo de escuelas son existen, son escasas y representan justamente el tipo de escuelas más codiciadas por las familias. Ni hablar cuando hablamos de la secundaria…

Así que es hora de sincerar la situación y resolver desde el Estado el tema de la oferta y no cargar las tintas y angustiar a las familias por sostener su elección escolar. El Estado tiene responsabilidad central sobre estos aspectos. Pero más aún tiene responsabilidad en llevar tranquilidad a las familias que necesitan saber a esta altura del año que sus hijos tienen una opción educativa viable para su organización y elección.

La construcción de redes de padres en estos días ha demostrado cómo se sigue priorizando y poniendo en valor la defensa de la escuela pública. ¿Estarán a la altura las autoridades educativas actuales para resolver estos problemas y dar respuesta a este colectivo que lucha por su derecho a la educación?