¿A alguien puede ocurrírsele que cerrar instituciones dedicadas a la enseñanza puede ser una buena idea para mejorar el sistema educativo? Salvo que seas Iván Illich, y no creo que el actual gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se haya inspirado en este famoso pensador, todos acuerdan en la relevancia de contar con centros de formación. Sin embargo, por aquí venimos asistiendo a la implementación de políticas de cierre de escuelas sin fundamento alguno.

Esta semana estuvimos presentes como Rectores de las instituciones de formación docente de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) en la Legislatura Porteña y allí pedimos la palabra unos pocos minutos para comenzar a plantear nuestro posicionamiento frente al proyecto de querer desintegrar los 29 Profesorados para hacer de ellos una única institución universitaria. Aquí les acercaré algo de lo que he planteado en este ámbito.

Como venimos repitiendo, un debate real acerca del cambio del sistema formador de los docentes de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) hubiera implicado un extenso proceso situado primordialmente en las instituciones que tienen la responsabilidad, desde hace casi 150 años, de ocuparse de la formación de maestros y profesores. Así se ha llevado a cabo en todos los países que se citan como referencia: transcurriendo un período de años y convocando las voces de las comunidades educativas.

Hoy nos encontramos hablando en la Legislatura no por elección, sino forzados por una deliberada y arbitraria decisión del Poder Ejecutivo de abortar todo tipo de debate dentro de las instituciones. Hasta ahora no hemos escuchado ningún especialista en educación, de los que nuestro país tiene y muchos, abonar a favor de este proyecto.

¿Puede llevarse adelante desde el Estado una transformación del sistema que implique la desintegración de 29 prestigiosísimas instituciones educativas sin haber mostrado estudio, investigación, datos o al menos dado discusión alguna?

Ante este escenario en donde claramente se omitió todo debate, llamamos a nuestros representantes a realizar un análisis profundo y fundamentado que el Ministerio de Educación eludió al presentar este proyecto. En ese proceso no deberían faltar como puntos esenciales de tratamiento:

• El impacto que tendría la creación de la universidad de formación docente denominada “UniCABA” sobre el sistema educativo en su conjunto, considerando que la CABA se encuentra desde hace muchos años atravesando una situación de emergencia educativa por falta de maestros y profesores, que el colectivo de docentes viene denunciando sistemáticamente por su gravedad y sobre el cual el GCBA no ha tomado medidas más allá que la de precarizar la toma de cargos ofreciéndoles cubrirlos a quienes aún no han concluido su formación docente. Es imprescindible generar una proyección real de cómo puede impactar negativamente y profundizar este problema que conduzca a que la Ciudad en los próximos años se quede sin cubrir muchos más cargos.
• El análisis de los argumentos esgrimidos para la creación de esta universidad: ya hemos mencionado el de la falta de docentes y la imposibilidad de demostrar que esto mejorará el problema; qué significa “jerarquizar” cuando las condiciones de trabajo docente y el salario docente de la CABA ha ido perdiendo estrepitosamente su poder adquisitivo en los últimos años, más aún con el achatamiento de la escala salarial.
• Demostrar en qué se basa la afirmación del Ejecutivo referida a que la formación universitaria “per se” atraería más potenciales interesados a la formación docente o mejoraría la calidad de la formación.
• Constatar en todos los procesos establecidos como referentes internacionales de este proyecto cómo han sido y el tiempo que han tomado los circuitos de debate y cambio para tomar decisiones referentes a la formación docente en dichos países y considerar asimismo lo propio para las situaciones nacionales, analizando los antecedentes sobre este mismo tema que han fracasado en numerosas gestiones y que implicaron la vuelta atrás de medidas similares a las que aquí se proponen.
• Analizar cómo impacta esta medida en la degradación de los títulos docentes tanto de los actuales graduados de nuestras instituciones como las de los futuros graduados de instituciones privadas a quienes este proyecto no abarca.
• Establecer cómo sería factible otorgar validez nacional a títulos docentes en el extenso período de acreditación de una universidad en el sistema nacional.
• En el mismo sentido, fundamentar el por qué en un sistema integrado entre lo público y lo privado el Ejecutivo presenta un proyecto que sólo impacta sobre lo estatal profundizando aún más la fragmentación del sistema.
• Demostrar por qué se afirma desde el Ejecutivo que un proyecto de estas características mejoraría la tasa de graduados cuando las estadísticas demuestran que la tasa de egreso de nuestros profesorados supera por varios puntos la tasa promedio de egreso de las universidades del país y que, como todos sabemos, más aún la de graduados de las universidades preexistentes en la Ciudad de Buenos Aires.
• Analizar también las estadísticas que muestran claramente cómo se han mantenido estables los valores de ingresantes a nuestros profesorados, mientras que la fuerte baja se ha dado en el sector privado tal como indican los propios informes emanados del área de Investigación del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
• En esta línea, considerar que, como muestran las datos, los principales problemas radican en el tiempo de cursada de las carreras, claramente afectado por la falta de becas de ayuda para que los futuros maestros y profesores puedan recibirse y que vienen reclamándose al GCBA desde hace muchos años sin respuesta.
• Analizar la viabilidad de la estabilidad laboral comprometida como expresión de deseo en el proyecto y sus conflictos en relación a la normativa vigente, ya que un proyecto como éste implicaría que todo el plantel docente cambiara su situación de pertenencia estatutaria, mientras son sabidos los tiempos que implican la creación de una universidad y la sanción de un nuevo estatuto, lo que dejaría claramente en un limbo normativo a todo el actual plantel que trabaja en los profesorados.
• En este marco será necesario fundamentar por qué el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que afronta sucesivos reclamos por la falta de vacantes que implicarían la necesidad de construcción de más escuelas y jardines de infantes; reclamos por las condiciones de infraestructura de las instituciones; reclamos por las condiciones de trabajo docente; etc. destinaría en este momento presupuesto para la creación de una universidad en tanto las prioridades y áreas críticas son claras en otros sentidos.

Un debate real debiera considerar como mínimo el análisis pormenorizado y fundamentado de todas estas dimensiones en su conjunto, antes de una toma responsable de decisiones de tal envergadura. Sin embargo, resulta paradójico que el Ejecutivo ya esté comunicando la estructura y funcionamiento de la universidad que ni siquiera se votó y hasta haya comenzado la contratación de gente que trabaje para ella. ¿Será entonces que el debate legislativo es una pantomima de diálogo para salir a votar con la mayoría absoluta lo que venga? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.

Esperamos que los legisladores asuman esta responsabilidad que el Ejecutivo ha eludido y no sean meros “levantadores de manos” sin reflexionar sobre lo que se destruirá en este caso, con las tremendas consecuencias que tendría para el sistema educativo de CABA y fundamentar sólidamente lo que voten. Es su obligación dar cuenta ante sus representados de lo que los lleva a votar cada ley. Revertir malas decisiones puede un tener un costo muy alto que pagaríamos todos, empezando por las familias que confían en las escuelas públicas y privadas que se verán diezmadas en el corto plazo por el incremento de la carencia de docentes para cubrir los cargos vacantes.

Si realmente creen en el diálogo que usan como slogan todos los días, demuéstrenlo con argumentos visibles para todos y hechos coherentes con lo que afirman. Votar con los ojos cerrados en 3 meses una ley, no parece ser el camino.